La cooperación para el desarrollo que impulsan las administraciones locales representa un rasgo diferencial en Cataluña y en el Estado español, tanto por la cantidad de recursos destinados a la misma, como por el modelo característico que promueve.
Aunque en un inicio los recursos a menudo eran transferidos a las ONGD mediante convocatorias públicas de subvenciones para que ejecutaran sus proyectos, poco a poco y paralelamente al crecimiento sostenido de los presupuestos del 0,7 % durante el periodo de bienestar económico de principios de siglo, los municipios fueron configurando una política pública propia más estratégica y coherente con el modelo de ciudad, con vocación de movilizar a los diferentes agentes con potencial para aportar sus capacidades y potencialidades, y buscando un retorno como herramienta de transformación social.
A pesar de que la cooperación se ha mantenido orgánicamente bastante diferenciada del resto de políticas locales y ha ocupado un rango secundario, ésta ha buscado cada vez más la complementariedad, las sinergias y el trabajo conjunto con otras áreas y departamentos corporativos como primer paso hacia la transversalización.
La educación para el desarrollo y la ciudadanía global, la compra pública ética, el comercio justo, la acogida de refugiados, la promoción de la paz y el enfoque basado en derechos humanos se han convertido en líneas clave de las políticas municipales de cooperación, que se despliegan con otros departamentos (principalmente educación, contratación, nueva ciudadanía y asuntos sociales, entre otros) y que responden a una voluntad de coherencia y transversalidad de la política de cooperación. Asimismo, la cooperación técnica se nutre del conocimiento y la especialización sobre determinadas temáticas sectoriales que acumulan las corporaciones locales.
Sin embargo, con el paso de los años se observa un cierto estancamiento en esos planteamientos que, en muchos casos, no han ido más allá de la colaboración y la coordinación puntual entre varios sectores de la Administración para actuaciones concretas. Ello se debe, probablemente, al retroceso sufrido por esa política local a raíz de la última crisis económica y a la ausencia de un mandato claro, junto con la falta de instrumentos efectivos de gestión transversal que canalicen hacia un objetivo común las diferentes experiencias y que posibiliten este enfoque más amplio e integral.