Ante el actual escenario de complejidad mundial y de interdependencia, en el que nuestras acciones pueden tener consecuencias negativas en otras partes del planeta y que reclama una respuesta multidimensional desde todos los sectores y ámbitos de la sociedad, y ante la interpelación que hace la Agenda 2030 para trabajar en una alianza global para el desarrollo sostenible, el sector de la cooperación lleva tiempo promoviendo la aplicación del principio de coherencia de políticas para el desarrollo.
Los ayuntamientos, como el resto de administraciones públicas, tienen el deber de promover una ciudadanía crítica y de hacer avanzar la sociedad hacia un modelo de desarrollo corresponsable con los problemas que afectan a la humanidad y al planeta.
La coherencia de políticas promueve un cambio en el modelo de desarrollo dirigido a favorecer y aumentar las capacidades de todas las personas, especialmente de los pueblos del sur global que sufren una cierta desventaja, para convertir este planeta en un lugar sostenible para vivir para todos, para las generaciones actuales y las futuras. Ello implica actuar desde todos los ámbitos, teniendo en cuenta que existen un conjunto de desigualdades e injusticias, y una vulneración de los derechos humanos a escala global y en nuestras sociedades, que debemos contribuir a erradicar.
La coherencia de políticas para el desarrollo es un principio de trabajo que surge en el ámbito de la cooperación y que ha sufrido una evolución conceptual paralela a la propia evolución del contexto internacional y al mandato de las agendas del desarrollo. Su definición más extendida es:
“La integración de la perspectiva de desarrollo sostenible en el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas públicas de un país” (Millán, 2012).
Por lo tanto, se trata de diseñar, implementar y evaluar las políticas teniendo en cuenta, por ejemplo, que no se contribuya a violar los derechos humanos y que nos preocupemos por la pobreza y la vulnerabilidad de otras personas que viven en el sur global o por los riesgos medioambientales que ya nos afectan a todos.
Y ello se conseguirá con un compromiso del gobierno municipal para que la cooperación para el desarrollo sea asumida por toda la institución y se convierta en estratégica, lo que hará que adquiera un mayor peso y más centralidad dentro de la corporación, sin depender de un único departamento.
Es fundamental aprovechar todos los recursos y las competencias técnicas existentes, buscar las complementariedades y sinergias basadas en las especificidades de cada uno y aglutinar diferentes agentes del territorio hacia los mismos objetivos, mediante la creación de alianzas y relaciones en red.
Pero la coherencia de políticas para el desarrollo presenta dificultades de implementación en el modelo organizativo vertical y departamental que impera actualmente en muchas administraciones públicas y, como se verá más adelante, no se trata únicamente de sumar actores, sino de cambiar las formas de relación y de trabajo organizativo de las corporaciones locales.
Una gestión transversal de la política de cooperación puede contribuir a hacer efectiva la coherencia de políticas para el desarrollo y a alcanzar una cooperación de ciudad.